Violencia digital contra niñas: leyes que avanzan, protección que todavía falta. #11O #NiñasPorLaIgualdad #NiñasConDerechos

La infancia vive cada vez más en el mundo digital: redes sociales, juegos en línea, aplicaciones y aulas virtuales forman parte de su vida cotidiana. Esa presencia, sin embargo, no es neutral: el entorno online amplifica riesgos ya conocidos (exposición sexual, abuso, acoso) y genera nuevos como la proliferación de deepfakes de carácter sexual, la sextorsión y el grooming a través de plataformas.

Conceptos Violencia Online 11O de Educar en Igualdad

En 2023, en Europa se registraron más de 36,2 millones de denuncias de presuntos abusos sexuales a menores en línea. En España, casi un 60 % de los adolescentes indicó haber sufrido algún tipo de violencia en el entorno digital. Por su parte, el Ministerio del Interior registró en dicho año casi 5.000 denuncias de delitos cibernéticos contra menores, de los cuales 1.068 correspondían a delitos sexuales (RTVE, 2025).  

Sin embargo, informes como el de Save the Children (2025) muestran que la magnitud real del problema es mucho mayor: casi el 98 % de adolescentes encuestados declaró haber sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales cuando eran menores, y una de cada cinco chicas afirmó que se habían difundido imágenes manipuladas por inteligencia artificial en las que aparecían desnudas sin su consentimiento. Estos datos reflejan no solo la extensión del problema, sino su impacto diferencial de género. 

¿Cuáles fueron los avances en materia normativa? 

En los últimos años, tanto España como la Unión Europea han reforzado el marco legal para hacer frente a la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes. Un hito fue la aprobación de la Directiva 2011/93/UE, que introdujo obligaciones para los Estados miembros en materia de prevención, sanción y cooperación internacional, reconociendo por primera vez al entorno digital como un espacio específico donde podían cometerse delitos como el abuso sexual, la explotación en línea, la pornografía infantil y el grooming. 

• España: esta directiva se incorporó a través de sucesivas reformas legislativas, entre ellas la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que amplía la protección frente a los riesgos en internet y obliga a empresas, plataformas y centros educativos a implementar medidas preventivas y protocolos de actuación. También el Código Penal recoge como delitos específicos la producción y distribución de pornografía infantil en línea, el acoso digital y el contacto con menores con fines sexuales. 

Más recientemente, el Gobierno impulsó un proyecto de ley específico para la protección de menores en entornos digitales y presentó iniciativas para penalizar nuevas formas de violencia, como la creación de deepfakes sexuales. 

• Unión Europea: el Digital Services Act (DSA) obliga a las grandes plataformas a evaluar riesgos, limitar la exposición de menores y responder con rapidez a la denuncia de contenidos dañinos, publicando en julio de 2025 guías prácticas.  

Además, el Parlamento Europeo avanza en propuestas para eliminar los plazos de prescripción en casos de explotación sexual infantil, implementar penas más severas y reforzar la cooperación internacional contra la difusión de material de abuso. 

Estos avances legales son importantes, pero todavía insuficientes: la implementación es desigual y la justicia especializada apenas cuenta con recursos. Recién en junio de 2025, se crearon en España solo tres secciones judiciales especializadas en todo el territorio para tratar violencia contra la infancia en tribunales de instancia, lo que limita el acceso real a la protección (Save The Children, 2025). 

Impacto psicológico y brechas de protección 

Más allá de las leyes, la violencia digital tiene consecuencias graves en la salud mental de las niñas: ansiedad, baja autoestima, aislamiento social, depresión e incluso conductas autolesivas. El impacto es especialmente alto entre los 6 y 13 años, etapa en la que la identidad y la imagen corporal están en desarrollo. La exposición temprana a imágenes sexuales o manipuladas genera sentimientos de vergüenza y culpa, que se agravan cuando los procesos judiciales son largos o revictimizantes.  

Estas consecuencias aumentan si al mismo tiempo existen factores de exclusión: pobreza, discapacidad, migración o pertenencia a minorías. Estas desigualdades estructurales muestran por qué es necesario aplicar un enfoque de género y de derechos de infancia de manera transversal. 

¿Qué falta por hacer? 

La lucha contra la violencia digital hacia niñas requiere medidas integrales: 

• Implementar plenamente la LOPIVI, con financiación suficiente para programas de detección y acompañamiento. 

• Acelerar la aprobación de una Ley de protección digital con perspectiva de género, que incluya la penalización de deepfakes, sextorsión y grooming. 

• Garantizar educación digital y afectivo-sexual integral desde edades tempranas, con herramientas para reconocer riesgos y pedir ayuda. 

• Refuerzos en atención psicológica temprana y gratuita, incorporada en centros educativos. 

• Dar voz a las niñas en el diseño de políticas digitales (grupos de consulta, grupos focales, participación en la elaboración curricular), cumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño. 

La violencia digital contra las niñas no puede entenderse como un asunto privado, sino como un desafío de justicia social e igualdad de género. Las agresiones online refuerzan la hipersexualización y los estereotipos que limitan a las niñas desde temprana edad. Protegerlas exige un compromiso integral: leyes eficaces y con perspectiva de género, tecnología responsable y políticas educativas y sociales que acompañen a las familias y obliguen a las plataformas a rendir cuentas. No hay innovación tecnológica que justifique exponer a la infancia al daño: garantizar hoy la seguridad digital de las niñas es asegurar un futuro con igualdad real y más libertad. 

Autora: Agustina Harsich, voluntaria de Fundación Mujeres.

Esta campaña forma parte del activismo que se lleva a cabo con motivo del día 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, en el marco del “Programa para Educar en Igualdad y Prevenir la Violencia de Género. Hacia un voluntariado por el Buen Trato” de Fundación Mujeres, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.