El Consejo de Ministros ha aprobado, este febrero de 2026, la actualización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye la prestación universal por crianza. “El objetivo final es una ayuda de hasta 200 euros al mes (2.400 euros al año) por cada hijo menor de 18 años. Está pensada para aliviar la carga económica de las familias, fomentar la natalidad y reducir la pobreza infantil” (RTVE, 10/02/2026).
España se sitúa entre los países europeos con menor inversión en políticas de apoyo a la infancia y a las familias, destinando solo el 4,1 % del PIB a políticas de apoyo familiar, frente al 7,2 % de media a la Unión Europea, según la Plataforma de Infancia, 2025. Este déficit presupuestario limita la capacidad preventiva del sistema y tiene un impacto directo en la pobreza infantil, repercutiendo también en la falta de recursos para la conciliación y la parentalidad positiva.
La Encuesta de Condiciones de Vida 2025 revela que el 34,1% de los niños, niñas y adolescentes en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más elevadas de Europa, y en el caso de la población de menos de 16 años, más de un tercio está en riesgo de pobreza en España, la más alta de la última década. A ello se suma el alto coste de la crianza, que supera los 758€ mensuales de coste medio por hijo, incluyendo alimentación, vivienda y educación, lo que supone una carga considerable para las familias con rentas medias y bajas (Save the Children, El coste de la crianza 2024). En comparación, los países del norte de Europa amortiguan esta carga mediante subsidios familiares estables y servicios públicos más amplios.
Además, España está entre los siete países de la Unión Europea que carecen de una prestación universal por hijo/a a cargo, situación que esta a punto de cambiar a partir de la nueva medida adoptada por el Gobierno.
El Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad, ha supuesto un avance al financiar servicios de cuidado infantil y medidas de conciliación. No obstante, su impacto sigue siendo desigual entre comunidades autónomas y limitado en alcance.
El Informe sobre la sexualización infantil (Instituto de las Mujeres, 2023) señala que la sobrecarga de cuidados sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, lo que evidencia la persistencia de desigualdades de género en la crianza y en la gestión del tiempo familiar. En este contexto, la Plataforma de Infancia recomienda incorporar políticas de corresponsabilidad real y avanzar hacia permisos parentales igualitarios y plenamente remunerados.
El VII Informe Periódico de España destaca que España ha avanzado en la priorización del acogimiento familiar frente al institucional, en línea con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, informes de entidades sociales como la Plataforma de Infancia señalan que “persisten carencias en el seguimiento, la formación y los apoyos a las familias acogedoras”. Asimismo, se reclama un refuerzo de los recursos de acompañamiento psicológico y educativo para los menores tutelados, ya que “los servicios de atención residencial presentan desigualdades significativas entre comunidades autónomas” (Propuestas para la XV Legislatura, 2025).
La Comisión Europea subraya que los países con políticas de apoyo familiar más robustas —como los nórdicos— presentan mejores indicadores de bienestar infantil y menores niveles de desigualdad social. En contraste, el sistema español se caracteriza por una menor inversión pública, una elevada fragmentación territorial y un enfoque más asistencial que preventivo (Plataforma de Infancia, 2025). En varios países europeos, las prestaciones por hijo/a son universales, los permisos parentales alcanzan una duración prolongada y los servicios de educación y atención temprana cuentan con una amplia cobertura pública o subvencionada.
La nueva propuesta del Gobierno, de una prestación universal por crianza, significa un paso imprescindible para reducir la pobreza y la exclusión social infantil.
En conjunto, aunque España este avanzando en el reconocimiento normativo de los derechos de la infancia, persisten brechas relevantes respecto al entorno europeo, lo que hace necesaria la consolidación de una política pública integral de apoyo a la crianza, con financiación estable y enfoque de derechos.
A continuación, entidades que trabajan en intervención integral y acompañamiento familiar:
Plataformas de ayuda pública (económica):
Material informativo y relevante en redes sociales:
Autora: Paula Sarabia, editado por Fundación Mujeres.
